Outsider

Recientemente se hicieron públicas modificaciones propuestas por el poder ejecutivo al DL 211 de Libre Competencia. Una de ellas apunta a la prohibición de participación de directores o ejecutivos en directorios de empresas de su competencia, cuestión que hoy también prohíbe la legislación anti trust de Estados Unidos y que la Unión Europea revisa caso a caso, viendo en esta limitante una forma de fomentar la genuina competencia. El adormecimiento tácito de ésta que el interlocking facilita es lo mínimo que ocurriría; la posibilidad de configurar y disciplinar carteles o ejercer abusos de posición dominante a través de ella es un elemento real que no se puede minimizar, particularmente en mercados concentrados como los nuestros. Aún más, en Estados Unidos no sólo el interlocking está totalmente fuera de cuestión sino además se prohíben explícitamente las participaciones cruzadas, exceptuando aquellas menores a 10% y siempre y cuando en su calidad de inversiones libremente enajenables nunca participasen en decisiones que afectasen el nivel competitivo prevaleciente.

Pues bien, la actual estructura del mercado energético chileno no cumpliría hoy con el standard legal americano, lo que tarde o temprano va a limitar a sus partícipes en sus trayectorias de desarrollo, dado que confluyen a mercados de bienes y servicios globales y donde especialmente los financieros son liderados por el propio Estados Unidos. Y ya se han dado o están dando casos de leyes americanas que afectan a agentes económicos en Chile: corrupción (SQM), colusión (LAN) e información privilegiada (CFR), complementando la legislación local. Es sólo cuestión de tiempo que esta otra arista se imponga.

El caso energético chileno es uno de estructuralmente altos precios por la energía, más allá de lo eficiente, ya sea en combustibles líquidos, gaseosos o bajo la forma eléctrica, teniendo en cuenta que todos están interrelacionados. El 44% de la energía primaria se entrega en Chile bajo electricidad: cuando sus precios son más altos que los eficientes, producto de falta de competencia y dificultades de desarrollo de proyectos, existe un claro incentivo en los precios de sus sustitutos imperfectos en mercados competitivamente imperfectos a subir. Si el petróleo y sus derivados representan el 51% de la energía primaria del país, y su principal actor (Copec) tiene el 58% del mercado de los combustibles líquidos, su liderazgo puede fácilmente terminar consolidando precios de los combustibles más altos que los eficientes, particularmente si su competencia (Enex y Petrobras) participa conjuntamente con éste en los oleoductos, transporte marítimo y almacenamiento. Si la distribución del GLP está en tres actores (Copec-Abastible, Gasco y Lipigas) quienes simultáneamente son dueños del mayor distribuidor de gas natural (Metrogas), y uno de ellos (Copec) lidera los combustibles líquidos y su controlador (Antarchile) participa además en el negocio eléctrico (Colbún), el incentivo de los precios del gas es al alza. Si la participación minoritaria de Antarchile en Colbún se da junto al común controlador de su competencia forestal de su filial Copec (CMPC), el incentivo de precios por la energía bajo sus distintas formas es al alza. Si para el controlador de Colbún y CMPC su inversión cruzada en Copec equivale hoy a un relevante 41% del valor de su propia inversión que tiene en CMPC o un 62% de aquella en Colbún o un 25% respecto de su inversión consolidada en ambas, entonces existe un fuerte incentivo a alinear intereses entre ambos grupos, ya sean energéticos o forestales. Y es natural que así sea, así como por parte de sus seguidores o competidores en cada uno de estos mercados oligopólicos u oligopsónicos, conocedores y beneficiarios de toda esta estructura, pero ello ciertamente no es bueno para el país.      

Los incentivos se dan entonces básicamente en una sola dirección – precios por la energía al alza -, aunque éstos pueden ser tácitos y no necesariamente verse reflejados en conductas explícitas activamente coordinadas. Aún así, no se puede obviar que la tentación es y va ser siempre grande… La amplia red de intereses económicos con múltiples actores y uno neurálgico como Copec en este mercado global de la energía, vital para el país, es muy difícil de desafiar en cualquiera de sus subsectores y aún más a nivel agregado, y es justamente por ello que su resultado, estructural en todo sentido, terminaría siendo más gravoso en términos de precios.

La solución a lo anterior no pasa por una fijación de precios ni participación estatal empresarial, sino sencillamente por implementar de manera firme y paulatina la venta de las participaciones cruzadas, el término del interlocking de directores y un cuidado especial en la propiedad de activos comunes entre competidores, llegando hasta prohibirlos en ciertos casos. Una estricta aplicación del todavía no modificado DL 211 podría resultar en ello después de un largo juicio, pero el interés del país estaría claramente mejor reflejado en la aplicación de este rayado de cancha pro competencia en todos los sectores, sin excepción, por Ley. Teniendo como norte una economía efectivamente competitiva que crea de verdad en un impulso empresarial privado desprovisto de redes como ejemplifica esta gravitante y multifacética estructura energética actual, el país gana.

Manuel Cruzat Valdés

4 de junio de 2015

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