El pasado 28 de mayo la US Court of International Trade falló unánimemente que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no le confería al Presidente la autoridad ilimitada y unilateral de imponer aranceles, pues esa facultad radicaba en el Congreso:
“The Constitution explicitly reserves to Congress the power to “lay and collect taxes, duties, imposts and excises,” and “[t]o regulate commerce with foreign nations.” U.S. Const. art. I, § 8 cl.1, 3“
Y si bien este último la podía delegar parcialmente al Presidente, debía ser de manera clara y limitada. Más de 200 países eventualmente afectados con aranceles diferenciados y materialmente relevantes no cabían bajo esa premisa…
Por ello, la Corte rechazó la interpretación de la IEEPA del ejecutivo y exigió dejar sin efecto el plan arancelario anunciado el 2 de abril anterior en el “Liberation Day”. De manera transitoria, un recurso de apelación por parte del poder ejecutivo en el Circuito Federal dejó suspendida la aplicación de este fallo hasta una siguiente audiencia pública.
El jueves 31 de julio se verá entonces dicha apelación. Lo más probable es que se termine confirmando el criterio del fallo anterior del 28 de mayo y que luego, tras una nueva apelación, esto se defina finalmente en la Corte Suprema.
Esta última Corte ha rechazado ya dos veces el uso de esta ley IEEPA por concluir que no puede ser usada para cambios estructurales sin antes pasar por el Congreso:
Lo hizo a raíz de medidas promovidas por el presidente Obama en su intento de cierre de plantas de generación a carbón, escudado en una declaración de emergencia por el CO2, y volvió a confirmar su criterio con la iniciativa del presidente Biden de condonar US$ 430.000 millones de deuda estudiantil, escudado en esa oportunidad en una declaración de emergencia del COVID.
Llegado a ese punto, ¿están los votos en el Congreso? Para un arancel plano de 10%, capaz que sí existan, vista la reacción hasta ahora del ciudadano norteamericano; para tasas discrecionales y mayores, probablemente no.
En todo caso, con tasas arancelarias de 10% sobre US$ 3.296 millones en importaciones de bienes en el 2024, asumiendo una demanda inelástica de importaciones, esos más de US$ 300 billones anuales aportarían poco a un gasto federal que ya roza los US$ 7.000 billones anuales con un déficit asociado de US$ 2.000 billones.
Es la apuesta en el crecimiento la relevante y las medidas para facilitarlo. Ahí entran la Inteligencia Artificial y la cuarta revolución industrial, ensombrecidos por esta distorsionadora política arancelaria en ciernes, a pesar que son de otras magnitudes. Si esta última se consolidara, estamos hablando de otro mundo, donde el torpe capítulo arancelario actual pasaría definitivamente a la irrelevancia.
Manuel Cruzat Valdés
29 de julio de 2025
