No hay día que el gobierno de Chile saliente no destaque por incompetencia, liviandad o falta de transparencia, o todos a la vez. No hay día.
Un pesado lastre que todo indica seguirá hasta el 11 de marzo de 2026, pero cuyas consecuencias negativas para el desarrollo del país lamentablemente no terminan ahí y tan sólo siguen acumulándose. No hay que olvidar que la tragedia de estos últimos 12 años ya ha costado sobre US$ 500 billones a los chilenos al comparar el pobre crecimiento efectivo del país versus el mínimo que debió ser, un 1% por sobre el promedio mundial.
En el último tiempo, como parte de este patrón, destacan especialmente dos casos que podrían estar incluso relacionados, siendo China un llamativo denominador común.
La controvertida operación CORFO – CODELCO – SQM, que costaría al estado de Chile más de US$ 5.000 millones sólo tomando como referencia los valores que el mismísimo CODELCO declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por su propia participación en la nueva sociedad con SQM (ver estudio de Quiroz y Asociados “30 años de explotación del salar de Atacama: ¿Trato directo con SQM o licitación internacional?” de mayo 2025) y que en rigor podrían perfectamente superar los US$ 10.000 millones en función de los precios actuales y esperados del carbonato de litio y las bajas tasas de descuento vigentes, adolece de un vicio de origen que no es salvable: no se hizo bajo una licitación abierta, competitiva y transparente, sino a través de un acuerdo directo con el actor incumbente SQM con 7 años de anticipación al vencimiento del contrato de arriendo del salar de Atacama vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. Un regalo sin causa legítima para los accionistas de SQM y perjudicial para Chile.
CORFO estaba obligada a licitar y, sin embargo, al dar en arriendo las pertenencias mineras a la otra entidad 100% estatal CODELCO, para que ésta – escudada bajo su estatuto especial – entrase en acuerdo directo con SQM tres meses después, formalmente “podría haber cumplido” con sus restricciones pero, en el fondo, ello no habría ocurrido para cualquiera que hubiese observado la operación en su conjunto.
(A) La intervención de la Contraloría General de la República, inconclusa hasta hoy
El 18 de diciembre de 2025 la Contraloría General de la República, último peldaño relevante para concretar la operación CORFO – CODELCO – SQM, dio su aprobación condicionada, agregando entre otros elementos lo siguiente:
“Sobre el análisis de los contratos CORFO-Tarar y CORFO-SQM en relación con el Acuerdo y demás antecedentes y contratación con SQM, a pesar de que esta última mantiene juicios pendientes con el Fisco.
Los reclamantes sostienen que los contratos celebrados por CORFO con SQM y Minera Tarar SpA deben ser analizados en relación con el Acuerdo y demás antecedentes, pues por su intermedio, se estaría realizando una operación tendiente a renovar en los hechos la posición de SQM en el Salar de Atacama más allá del año 2030, sin licitación, y se estaría dotando al Estado de representación en una sociedad privada sin ley de quórum calificado que lo autorice, como exige el ordenamiento jurídico.
Al respecto, y sin perjuicio de lo indicado previamente acerca de las resoluciones judiciales que ya se pronunciaron sobre los aspectos antes indicados, cabe anotar que este Órgano de Control ha tomado conocimiento de la presentación de la especie y que las observaciones allí planteadas y que resulten pertinentes, serán ponderadas en el estudio preventivo de juridicidad de la resolución de CORFO, que aprueba los aludidos contratos.”
Dicho estudio de juridicidad respecto de la resolución de CORFO seguiría pendiente hasta el día de hoy. Pero si no aparece de manera oportuna, de poco serviría.
(B) Investigación a SQM por prácticas de corrupción que todavía no se aclara ni resuelve
Adicionalmente, la entidad contralora exigió que la condición precedente de cierre de negocio con CODELCO consistente en que SQM saliera airosa de una investigación por corrupción iniciada por la US Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (US SEC) por motivos que todavía se desconocen, se cumpliese. Y así fue efectivamente desde el punto de vista formal, renunciando tanto CODELCO como SQM a ella, sin haber aún terminado el capítulo investigativo propiamente tal que bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) podría arrastrar, en un evento negativo, tanto a SQM como hasta la propia CODELCO – CORFO a las cortes de Estados Unidos.
Para cualquier emisor de valores en Estados Unidos las eventuales sanciones civiles y penales por actos de corrupción son graves, en particular cuando no son por primera vez. Da la impresión que en Chile no se le ha dado la importancia que merece ni menos se ha sopesado sus ramificaciones en caso de ser ciertas. Un acceso reducido al más profundo y mayor mercado de capitales del mundo no es trivial.
Sin todavía conocer la causa de la investigación por posibles prácticas de corrupción que lleva adelante la entidad regulatoria de valores de Estados Unidos, a nadie que investiga bien le debería pasar desapercibido que el estado de Chile, a través de cualquiera de sus vehículos, considere apropiado regalar un mínimo de US$ 5.000 millones discrecionalmente teniendo la posibilidad de no hacerlo.
(C) El interés de China para comprometer entrega de litio, postergando posiblemente a otros, como Estados Unidos y la Unión Europea
Por último, previo a la aprobación condicionada de la Contraloría General de la República, SQM y CODELCO anunciaron el 10 de noviembre de 2025 que la autoridad de regulación de mercados de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) había autorizado la operación en comento bajo el siguiente fundamento:
“La autorización de SAMR requirió que SQM, Codelco y la sociedad en que ambas participarán para el desarrollo del Negocio asumieran ciertos compromisos para con SAMR. En términos generales, dichos compromisos dicen relación con (i) resguardos para evitar intercambio de información sensible con otros actores del mercado del litio, (ii) prácticas de gobierno corporativo y (iii) ofrecer suministro de ciertas cantidades mínimas de productos terminados de carbonato de litio en sus distintas especificaciones a clientes chinos en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND por su sigla en inglés) a precios que no pueden exceder los que apliquen según el referido compromiso. “
En otras palabras, se comprometió la entrega de producción de carbonato de litio a China en cantidades que no se precisan, a partir de las 300.000 toneladas anuales proyectadas. ¿Cuánto del potencial del salar quedó aquí comprometido? ¿Es compatible esto con la apertura de mercados al litio del salar a Estados Unidos y la Unión Europea, por nombrar a quienes deberían ser los otros grandes demandantes de un mineral ahora considerado estratégico por ellos?
¿Y la historia en desarrollo del cable submarino de Valparaíso a Hong Kong?
Resulta que el 26 de noviembre de 2025 – mismo mes en que la autoridad respectiva china condicionó la aprobación al acuerdo CORFO – CODELCO – SQM a ver asegurada su abastecimiento de litio – China Mobile International habría ingresado una solicitud de concesión para dicho cable transpacífico en su sección chilena y, con una notoria premura, el 27 de enero de 2026, sólo 63 días después y a sólo 44 días del fin del gobierno actual, se habría otorgado la concesión para aparentemente iniciar obras en un mes y concluirlas en 20 meses. Dicha aprobación habría sido anulada dos días más tarde. No se sabe exactamente qué ocurrió, pues las versiones oficiales no coinciden. Sí se ha confirmado que autoridades de Estados Unidos habrían advertido de riesgos de seguridad en la transmisión de datos que afectarían tanto a Chile como a terceros países, incluido el país del norte.
En el mundo actual, la infraestructura digital pasó a ser estratégica y Chile, especialmente a raíz de desarrollos impulsados por Google – el cable Curie que ya conecta directamente Valparaíso con Los Ángeles, California – y Humbolt – el cable aprobado pero todavía no instalado que conectaría Valparaíso con Sidney, Australia -, complementado con el cable Mistral de América Móvil que conecta directamente Valparaíso con Centroamérica y el cable PanAm que rodea América del Sur, se ha transformado en un privilegiado hub digital en el Cono Sur.
Es esta posición estratégica de Chile la que aquí se habría puesto en riesgo. Ahí radica la gravedad de lo ocurrido.
La revolución de la inteligencia artificial en curso, que necesita de infraestructura de data centers y respaldo eléctrico para sostenerla, está llevando a niveles de inversiones pocas veces antes vistos. Como ejemplo, sólo este año 2026 cuatro empresas líderes norteamericanas proyectan gastos de capital por sobre los US$ 600 billones – ocho veces la formación bruta de capital fijo anual en Chile -, destacando Alphabet (Google) con US$ 185 billones, Microsoft con US$ 150 billones, Amazon con US$ 200 billones y Meta con US$ 135 billones.
¿Le cabe duda a alguien que estas empresas tendrían que descartar a Chile como base de operaciones digitales si se pone en riesgo la seguridad de los datos que transitan por nuestro país? Y esta respuesta no tiene que ver con el actual presidente de Estados Unidos sino que va mucho más allá. Empresas como las mencionadas no se van a arriesgar nunca a ver caer sus operaciones bajo eventuales interferencias chinas. Nunca.
Chile ya está embarcado en una red de comunicaciones “occidental” y aquí, sin medir las consecuencias, se intentó arriesgar dicha posición privilegiada del país en el Cono Sur sudamericano de manera irresponsable.
Todo esto es demasiado.
¿Cómo avanzar de verdad? Por de pronto, habría que partir por dejar sin efecto a firme cualquier proyecto que arriesgue la posición digital estratégica de Chile, más allá de analizar responsabilidades por lo sucedido. Si además ambos procesos antes descritos están efectivamente relacionados, bajo una suerte de quid pro quo de aprobaciones regulatorias, el cuadro general se tornaría aún más grave, más allá que de manera independiente y por si mismos ninguno de estos dos desarrollos va en beneficio de Chile.
Chile puede cambiar. Chile tiene que cambiar. La señales de seriedad, transparencia y de exigencia de competencia en todos los ámbitos, bajo una creíble y sostenible estrategia de desarrollo de largo plazo como parte del mundo libre que darían las nuevas autoridades al no persistir en el acuerdo CORFO – CODELCO – SQM ni en el cable submarino chino, serían valiosísimas.
El 11 de marzo de 2026 da una oportunidad única para empezar a rescatar a Chile de su largo letargo. A Dios rogando, pero con el mazo dando.
Manuel Cruzat Valdés
25 de febrero de 2026
