Política energética de fondo: licitar HidroAysén

El actual inmovilismo de facto en el sector energético chileno ha tenido y va a tener negativas consecuencias en las décadas venideras por la vía de un menor crecimiento económico del país. Los altos precios de la energía eléctrica a nivel doméstico en relación a la competencia internacional, bajo las modalidades de contrato a largo plazo o en el mercado spot, son una manifiesta prueba de ello. Pero quizás es más relevante aún reconocer que a pesar que los costos de generación pudiesen caer sustantivamente, los precios de la misma a nivel de usuarios no lo van a hacer tanto. La razón estriba en que los contratos de largo plazo licitados del consumo regulado, que representan aproximadamente la mitad del consumo total en el país y que constituyen una fuerte señal de precios para todo el sistema, sea éste regulado o no, se van a mantener inercialmente altos hasta el término de éstos, hacia el año 2025, pues sus factores de corrección están mayoritariamente ligados a la inflación de Estados Unidos.

La búsqueda de contratos de largo plazo con inicios de entrega de energía muy inmediatos, respaldada por la autoridad y ciertamente por los generadores incumbentes, terminó quizás inadvertidamente consolidando un oligopolio a nivel de generación que hoy es necesario corregir. La mantención del curso actual sólo hace más crítica año a año esta condición de mercado en favor de los mismos incumbentes. Una posible solución podría pasar por una licitación abierta de HidroAysén aprobado en todas las instancias, incluida la transmisión a la zona central, bajo condiciones de precios de venta de la energía y la potencia previamente determinados y dirigida a terceros operadores distintos de los actuales, los que asumirían los riesgos de este negocio así ofrecido. Chile necesita de HidroAysén, pero bajo un esquema diferente del actual, aprovechando la coyuntura que sus socios están públicamente desencantados con éste y que desde un punto de vista competitivo no es sano que sean ellos mismos quienes desarrollan este fundamental proyecto país.

Algunas cifras son necesarias para poner lo anterior en contexto. El año 2012 el consumo eléctrico en Chile fue cercano a los 65 millones de MWh. HydroAysén proyecta generar alrededor de 18.5 millones de MWh al año, respaldada en aguas provenientes de los Campos de Hielo Norte y Sur, lo que garantiza una energía que no va a fallar en lo que a su origen básico se refiere. Si estuviese funcionando en su totalidad en veinte años más, HidroAysén representaría alrededor del 10% del consumo eléctrico total del país en ese momento, consumo que a esa fecha estaría respaldado por una matriz interconectada SIC-SING.

¿En qué precio centrar la eventual licitación? Los contratos licitados de largo plazo del consumo regulado del SIC y del SING, incluyendo los pagos por energía y potencia, rondan actualmente los US$ 95 por MWh como precio monómico. El precio nudo de corto plazo que la autoridad calcula para el SIC y el SING está, también a nivel monómico, alrededor de US$ 110 y US$ 95 por MWh, respectivamente. El más volátil precio spot, sólo por concepto de energía, promedió en diciembre pasado US$ 176 por MWh en el SIC y US$ 85 por MWh en el SING. Apuntar a un precio monómico de largo plazo entre US$ 70 y US$ 80 por MWh, superior a lo histórico en Chile pero inferior a los valores actuales, parece razonable y posible de implementar. La increíble revolución del “shale gas” en Estados Unidos y que ahora está incursionando en el resto del mundo debería para ese entonces respaldar precios en este rango.

La licitación se orientaría explícitamente a proveer de energía eléctrica más competitiva al consumo regulado, dando a su vez una señal de precio que debería permear el sistema para todos sus clientes. Obviamente el valor ofrecido en la licitación iría a los actuales propietarios del proyecto y sus derechos de agua. La entrada de un nuevo actor, a pesar que en este caso las condiciones de precio de la energía generada y potencia contratada estarían previamente definidas, es necesaria pues ese mismo actor y otros podrían incursionar en nuevos proyectos energéticos que paulatinamente pudiesen introducir competencia efectiva en este mercado, respaldados por una nueva institucionalidad –carretera eléctrica incluida -que incentivaría su entrada.

Lo que no debería ocurrir es que un proyecto como HidroAysén no se implementara, entendiendo que su siempre polémica línea de transmisión sería hecha sensatamente y que existiría una compensación directa a zonas geográficas efectivamente afectadas. HidroAysén es parte de la solución, bajo precios definidos y nuevos actores; es la actual institucionalidad y sus actores, generadores y no generadores, los que consciente o inconscientemente están ahogando lentamente al país. Y lo que corresponde es que sea éste el que se levante su voz porque su interés global hoy lo exige.

Manuel Cruzat Valdés

Santiago, 28 de enero de 2013

 

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