La operación propuesta para la explotación de litio en el Salar de Atacama entre CORFO, CODELCO y SQM sigue avanzando a pasos acelerados para evitar que una nueva administración del país pudiese eventualmente dejarla sin efecto. Su vicio de origen radica en la ausencia de un proceso de licitación abierto, transparente y competitivo para poder extraer litio del Salar de Atacama a partir del 31 de diciembre del año 2030, fecha en que vence el actual contrato suscrito entre SQM y CORFO y que se quiere extender, ahora bajo la forma de una asociación con CODELCO, hasta el año 2060.
Vale la pena recordar que quedan todavía cinco años para hacer las cosas bien desde el punto de vista económico y robustez legal en Chile y en el exterior en orden a suscribir un contrato de arriendo de pertenencias mineras para la explotación del litio que se constituiría en el más grande – en cuanto a valor – que el estado de Chile podría perfeccionar en su larga historia. Bajo el curso actual, se daría origen a una transferencia de riqueza en favor de SQM sin causa que la justifique y que se deriva de la falta de competencia en su asignación. Sólo tomando como base lo que CODELCO informa como beneficio propio, e indirectamente lo que se infiere en la transferencia a SQM por privilegiar un trato directo, estamos frente a una pérdida para el estado de Chile superior a los US$ 5.000 millones en valor presente.
Algunos puntos a tener en consideración:
Sobre la fiscalización de la administración del patrimonio de CORFO, ciertamente aplicable a sus pertenencias mineras en el Salar de Atacama, su activo más preciado en la actualidad:
- En el año 2017, ante un requerimiento de la Cámara de Diputados de entonces para aclarar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República sobre CORFO y CODELCO, dicha entidad expresó lo siguiente: “Consecuente con ello, esta Contraloría General, en el ejercicio de las potestades que la Carta Fundamental y su ley orgánica le reconocen, tiene amplias atribuciones para pronunciarse sobre la juridicidad de las actuaciones de CORFO, especialmente con el propósito de fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos públicos comprometidos en su gestión”.
Sobre el principio general de licitación aplicable a aquellas entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República:
- A título indicativo del espíritu de la institucionalidad pública, y no excluyente de otras normativas que irían en el mismo sentido, se puede transcribir el Artículo 5 sobre los procedimientos de contratación en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que dice así: “Los órganos del Estado adjudicarán los contratos que celebren mediante licitación pública. Excepcionalmente, y por un acto debidamente fundado y acreditado en la forma que señale el reglamento, podrán adjudicar contratos celebrados mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad, o de acuerdo con los procedimientos especiales de contratación.”
CODELCO esgrime que esta Ley no le es aplicable por su estatuto especial, pero distinto podría ser el caso de CORFO, que no gozaría de dichos grados de libertad y que a la fecha del Memorandum de Entendimiento entre CODELCO, habilitada previamente por CORFO, y SQM, contaba con más de 7 años de anticipación para maximizar, en favor de todo Chile y no sólo de unos pocos, los retornos originados en la explotación del litio.
Sobre las fechas envueltas: lo que no podría ni debería hacer CORFO – evitar una licitación abierta y competitiva de su más importante activo – , casi tres meses después lo haría indirectamente la entidad relacionada con ella CODELCO:
- 17 de enero de 2018 es la fecha de la renegociación del Contrato de Arrendamiento de pertenencias mineras entre CORFO y SQM, con vencimiento al 31 de diciembre de 2030.
- 5 de octubre de 2023 es cuando el Consejo de CORFO aprueba el Contrato de Arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama para el período 2031 – 2060 a suscribirse con TARAR, filial 100% de CODELCO, y siendo esta última una entidad relacionada a CORFO. TARAR es el vehículo que utilizaría CODELCO para asociarse con SQM.
- Casi 3 meses después, el 27 de diciembre de 2023, se anuncia el Memorandum de Entendimiento, nacido de un trato directo, entre CODELCO – habilitada a través de la aprobación previa del Consejo de CORFO – con SQM, evitándose de esa manera el procedimiento de licitación pública que restringiría o debería ser natural a CORFO, una entidad cuyo objeto es la promoción del desarrollo de Chile, un total contrasentido.
- El 31 de mayo de 2024 se suscribe el Acuerdo de Asociación entre CODELCO y SQM, que entre otras condiciones precedentes menciona que SQM debe salir airosa de una investigación en curso de la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos (US SEC) relacionada con posibles violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act y otras leyes de Estados Unidos contra la corrupción. Es bueno aquí recordar que tanto SQM como CODELCO tienen instrumentos de oferta pública que se transan en Estados Unidos y que estas leyes anticorrupción, que a todos los emisores de dichos instrumentos afectan, ampliaron, a través de la Foreign Extortion Prevention Act, la responsabilidad civil y eventualmente penal a todas las partes involucradas en actos sancionados por ellas.
Dicho todo lo anterior, la revisión de esta operación por parte de la Contraloría General de la República no consiste entonces en la mera revisión formal de contratos individualmente considerados, sino en pronunciarse sobre el fondo de ésta mirando el conjunto de la actuación CORFO – CODELCO – SQM y contrastarlo con el espíritu y leyes de nuestro país que promueven un entorno competitivo y transparente.
Una potencial pérdida para Chile superior a los US$ 5.000 millones amerita corregirse y una muy buena explicación.
Manuel Cruzat Valdés
13 de noviembre de 2025
Nota: A título informativo, y siguiendo los procedimientos normales institucionales, el autor de este comentario ingresó en enero de 2024 una solicitud de investigación de esta operación al Departamento de Justicia de Estados Unidos y en marzo de 2024 una solicitud de fiscalización de la misma en la Contraloría General de la República.
